EL DERECHO A LA VERDAD

El derecho a la verdad es un derecho autónomo, que aparece frente a graves violaciones a los derechos humanos; y específicamente,lo encontramos  en el caso Velásquez Rodríguez  v.  Honduras. Es un derecho de las víctimas y de la sociedad y es un deber del Estado, el cual, se encuentra consagrado como un deber afirmativo al conllevar la obligación de respetar tal derecho y además, de grarantizar su ejercicio, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana.

 "Desde el punto de vista del derecho, el derecho a la verdad constituye el fin inmediato del proceso penal; es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en el juicio, es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia.” (1)

 Es así que  el actual gobierno tiene la tarea de investigar, procesar y castigar a los que resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el anterior gobierno y, en general, durante nuestro pasado. Sin embargo,  su tarea no finaliza ahí, sino que deberá revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo obtenido producto de sus investigaciones sobre los hechos y las circunstancias de tales violaciones.

 Es el derecho de las víctimas (Barrios Altos, El Fronton, La Cantuta, Cayara, entre otros) frente al Estado  de conocer todo cuanto pueda establecerse sobre la suerte, paradero y hechos de dichas violaciones; no se agota con la obtención de una compensación dineraria sino  con el resacimiento integral que incluye el derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad. Además, este derecho subsistirá mientras haya la incertidumbre sobre los hechos o las violaciones.

 Cuando nos referimos a víctimas, no sólo consideramos a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o directamente afectadas por violaciones  a los derechos humanos; sino, también a los familiares de estas personas asesinadas y desaparecidas, y al derecho que tienen tanto ellas como la sociedad de conocer el paradero, los responsables y los hechos que produjeron dichas violaciones.

Las violaciones a los derechos humanos no sólo afectan a las víctimas, presos, desaparecidos y muertos sino que trascienden a la familia y a la sociedad. Es así que el derecho a la verdad se concibe como un derecho colectivo.

 Juan E. Méndez en su artículo “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos”, establece que “... las obligaciones del Estado que nacen de estos crímenes son cuádruples: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar íntegramente los daños morales y materiales ocasionados (reparación);y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad  a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas de un Estado democrático)” .(2)
 
El derecho a la verdad viene acompañado del derecho al duelo, en el caso de personas desaparecidas. Este derecho al duelo encuentra su base en el hecho que sirve de forma de mediar, aceptar la realidad. Es el derecho de los familiares a enterrar a sus muertos y al negarle dicho derecho, se les niega su condición humana.

 El derecho a la verdad, además de ejercer una tarea investigadora y reveladora, conlleva la posibilidad que  las víctimas y/o sus familiares, dependiendo del caso, sean invitadas a ser oídas por un ente estatal (en nuestro caso por la Comisión de la verdad, Congreso, Poder Judicial ). Esto, como una manera que el lazo entre víctimas y Estado  renazca luego de llevar tiempo sin poder ser oídas las primeras, y, de haber perdido credibilidad, el segundo.

 Durante estos últimos diez años, la tarea de investigar y de ayudar a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país ha sido ejercida por organismos de derechos humanos.  Creo que sería prudente que el Estado solicitara ayuda a dichas organizaciones para la recopilación de información  sobre dichas violaciones.
 
La tarea de la actual Comisión de la Verdad, conjuntamente con el Estado, será de tratar de conseguir una reparación integral. Esto es, realizar una investigación para finalmente revelar los hechos y realizar un esfuerzo por procesar y castigar penal y disciplinariamente a quienes resultaren responsables.

En conclusión, el derecho a la verdad es el derecho de la comunidad de obtener respuestas del Estado, es un elemento del derecho a la justicia, es el derecho a conocer nuestro pasado para, de esta manera, no cometer los mismos errores en el futuro y tener la posibilidad de resguardarnos. Asímismo, es el derecho que todos tenemos a conocer nuestras instituciones, sus integrantes, los hechos que acontecieron, para poder saber o aprender de los errores y de los aciertos para  así llegar a consolidar una verdadera democracia.

Consideramos  por ello que, la labor de la Comisión de la verdad, Congreso y Poder Judicial será de suma importancia, debiendo la primera, realizar una investigación a conciencia y seria, es decir, reunir todos los elementos para que la labor del Poder Judicial, -cual es de sancionar y resarcir- se dé de manera adecuada, más allá de la tarea que tendrá de actuar diligentemente frente a las demás denuncias que puedan ser presentadas. Finalmente, el Congreso tendrá la labor de colaborar con las investigaciones que se realicen y además velar por las garantías de  la sociedad para que en el futuro no se cometan los mismos hechos.
Creo que es el momento  que las voces de las víctimas sean oídas y que el Estado y la sociedad en conjunto les den respuestas a sus preguntas mediante procesos con debidas garantías judiciales que busquen justicia e investigaciones claras y trasparentes.  No olvidar que el derecho a la verdad subsiste, por lo tanto, se deben aclarar los  actos violatorios a los derechos humanos y seguirá siendo un derecho inalienable de toda sociedad que se considere democrática.